Los legisladores del partido socialista no tienen visiones uniformes sobre cómo resolver el control en la prestación de los servicios públicos en el ámbito provincial: un proyecto en el Senado de esa fuerza política se expresa en favor de una legislación común para distintos entes de control; otro en Diputados de la misma representación partidaria prefiere un ente único.

El diputado socialista Raúl Lamberto presentó un proyecto de ley para crear un "Ente Regulador único de los Servicios Públicos Provinciales", sus siglas serían EReSPP, como persona jurídica de derecho público y autárquica, con independencia funcional y legitimación procesal. El legislador ya había dado estado parlamentario a un proyecto para un ente de control eléctrico, el que caducó por falta de tratamiento a fin de año.

Mientras, en la última sesión del Senado, Patricia Sandoz (PS-Rosario) sostuvo con firmeza la necesidad de que existan distintos entes de control para cada servicio. La senadora utilizó la palabra "especificidad" para subrayar el concepto. Fue también a propósito de un proyecto de ley (que en este caso no ha perdido su estado parlamentario) sobre el que se pide al Ejecutivo la habilitación en extraordinarias: consiste en un marco regulatorio para distintos entes de control.

"Nosotros entendemos que debe haber uno por cada servicio público -dijo Sandoz en el recinto-, porque cada uno de ellos tiene su propia especificidad: estos entes reguladores deben tener requisitos elementales que los diferencien del actual, que todos conocemos, y es el Enress", advirtió. Del ente que vigila los servicios sanitarios afirmó que "en estos diez años fue un ente entre comillas regulador".

Por otra parte, el proyecto de Lamberto opta por un solo ente -denominado énico- en el que estarían comprendidos la regulación y el control de los servicios públicos destinados a la generación, transporte, distribución y consumo de la energía eléctrica; el control de la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la colección, tratamiento y disposición de desagües cloacales y el saneamiento hídrico; el transporte público de pasajeros, sin perjuicio de la competencia que en esta materia corresponda a los municipios y comunas en su jurisdicción; la disposición final de residuos, con la salvedad anterior; la conservación y mantenimiento vial por peaje y el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos.

El diputado socialista Raúl Lamberto presentó el pasado jueves en la sesión del cuerpo un pedido de informes y una solicitud para que la EPE evalúe los daños económicos ocasionados a usuarios y comerciantes de Rosario a raíz de los cortes de energía, así como un posible resarcimiento.

Una de las preguntas del proyecto apunta a saber si la EPE y el gobierno "han considerado reparar o indemnizar a quienes efectivamente han sufrido daños por los cortes de luz".

También solicitó que "se informe sobre las obras que tendría que haber realizado la EPE y la imputación de los recursos necesarios para reforzar las estaciones y subestaciones transformadoras frente al incremento del consumo de energía en el período estival, como también sobre las previsiones técnicas para evitar los cortes en el suministro de energía eléctrica".

Por último, pidió que "la empresa indique públicamente los procedimientos que deberán realizar los usuarios damnificados para efectuar los correspondientes reclamos".

Con referencia a los reclamos de los consumidores de la EPE, Patricia Sandoz razonó en la Cámara de Senadores: "Cuando el vecino no paga su factura de inmediato le cortan la luz; pero cuando la EPE le corta el servicio a un ciudadano, no se aplican sanciones a los responsables de la mala prestación. ¿Cómo es posible que los santafesinos sigamos soportando esta realidad?", preguntó.

Los legisladores del PS, Patricia Sandoz y Raúl Lamberto, coinciden -en sendos proyectos presentados en las cámaras de Senadores y Diputados- respecto de la necesidad de dotar de mayor calidad institucional a este ente único a crear, o a los diferentes entes correspondientes a cada servicio.

Lamberto se ocupa en remarcar que "la tendencia moderna de los entes de control es que deben actuar sin dependencia de los poderes ejecutivos ni estar sujetos a facultades reglamentarias de los ejecutivos sobre los mismos entes o sobre las relaciones con los concesionarios que controlan. El que otorga una concesión o realiza por sí la prestación de un servicio no puede ser la misma persona que controla como sí sucede aquí en la provincia de Santa Fe", señaló el socialista.

Para la senadora por Rosario, el espíritu de su proyecto de ley de regulación de entes -presentado en marzo de 2005- es el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de las empresas. "Los entes reguladores deben constituirse en primer lugar como una instancia de defensa de los usuarios", subrayó.

El proyecto de Lamberto prevé un ente de cinco directores con idoneidad especial para el cargo, y estipula un procedimiento a realizar por la Cámara de Diputados para la publicidad de los actos y la realización de audiencias públicas para designar a los postulantes a ocupar el directorio.

Dos directores serían propuestos por el Ejecutivo; dos por las municipalidades y comunas y el restante por las entidades y organizaciones intermedias. En todos los casos deberán ser personas con idoneidad técnica, seleccionados previa audiencia pública y con acuerdo legislativo otorgado por una mayoría especial de dos terceras partes.

La iniciativa de Sandoz establece la instrumentación de mecanismos que aseguren la existencia de ámbitos descentralizados que permitan canalizar la atención y denuncias en todo el territorio provincial, y pone el acento en la participación de los usuarios y trabajadores en los directorios de los entes.

La realización de Audiencias Públicas sería obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones que pudieran afectar el interés general: tarifas, inversiones, subsidios y rentabilidad empresaria.

El PS en el Senado procura que parte de los miembros del directorio de los entes sea producto de un concurso público de oposición y antecedentes, y se garantice la participación con voz de los municipios y comunas -en el convencimiento de que la organización y gestión de los servicios públicos tiene en principio carácter local-. Además, declara el carácter abierto de las reuniones de los directorios, entre sus principales características.