El diputado nacional Eduardo Di Pollina (PSP) solicitó que, si está prevista una reestructuración de la Oficina Anticorrupción, se clarifiquen los lineamientos y estructura con que se piensa dotar a la dependencia, creada para investigar y denunciar delitos dentro de la administración pública.

Di Pollina presentó un pedido de informes en la Cámara que integra, a partir de información publicada por el diario Clarín. Allí se menciona que la decisión de reestructurar la OA para "hacerla más eficiente" -el mismo argumento utilizado para reformular el Consejo de la Magistratura, otorgando preeminencia al oficialismo- fue comunicada a sus miembros por el propio ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

El anuncio coincidió con una decisión del ministro que causó alarma en la Oficina Anticorrupción: suspendió el nombramiento de los funcionarios que están a cargo de cuatro de las cinco unidades de investigaciones, que siguieron trabajando por contrato.

La Oficina Anticorrupción fue creada por la Alianza en 1999, con la misión de definir políticas para prevenir hechos de corrupción, e investigar y denunciar delitos dentro de la administración pública.

Entre las denuncias hay causas por enriquecimiento ilícito de ex funcionarios; pedidos de indagatoria al jefe del Ejército, Roberto Bendini, por malversación de fondos; las irregularidades de la investigación de la Amia y en la contratación de seguros de la flota presidencial -estos tres últimos durante la gestión Kirchner-; pago de coimas por la concesión del espacio radioeléctrico a Thales durante el menemismo y, también en esa gestión, el fraude en el contrato con Siemens para hacer DNI y los pagos de sobresueldos con fondos de la Side.

También denunció la cuenta bancaria no declarada de Carlos Menem, en Suiza. Pero la que más afectó al gobierno actual fue hecha en 2004 por Daniel Amorín, que reveló decretos secretos del Poder Ejecutivo, para desviar fondos del presupuesto a las cajas secretas de la Side. Esto se hizo desde 1996 y hasta los primeros meses de la gestión Kirchner. Luego de la denuncia, Amorín fue reemplazado al frente de la OA por Abel Fleitas, vinculado al jefe de Gabinete Alberto Fernández. Fernández es, justamente, uno de los mencionados en la denuncia.

Di Pollina expone que desde su constitución en 1999 la OA tramitó unas 5.000 denuncias de supuestos delitos y ya resolvió el 84 %: 1.532 casos fueron derivados a la Justicia y 977 redundaron en sanciones internas. El 16 % restante aún se encuentra en estado de averiguación. Con lo cual -concluye el legislador socialista- "la tarea parecería, al menos desde el punto de vista numérico, eficiente".

Aun contemplando que el supuesto plan tenga buenas intenciones, el legislador santafesino remarcó que al tratarse de un ámbito tan decisivo en cuanto a la confianza que la sociedad deposita en el Estado, "la iniciativa debe hacerse pública, correspondiendo a sus impulsores informar acabadamente sobre la evaluación que han hecho respecto del funcionamiento del organismo, el detalle de sus fortalezas y debilidades y las transformaciones que se proponen introducir para superar sus aparentes déficits en la gestión".

De no ser así, advirtió el vicepresidente del Bloque Socialista en Diputados, "se posibilitan especulaciones", como las referidas a una eventual desintegración del organismo. "Más aún cuando existen antecedentes que indican que en los más altos niveles del gobierno no existiría una clara vocación para estimular el debido desempeño de la OA", concluye.

Menos denuncias

La caída en la eficiencia de la OA, argumentada por el gobierno, es real. De hecho, se dio durante este mismo gobierno: de las 1.500 denuncias enviadas a la Justicia en los últimos cinco años, sólo 78 corresponden a los últimos seis meses. Y cada vez son menos las denuncias remitidas por funcionarios del gobierno: si en 2001 eran el 18 %, hoy sólo llegan al 6 %.