Los síntomas de la política nacional son cada vez más preocupantes. Desde el oficialismo se permite que algunos de sus voceros más controvertidos amenacen con movilizar a sus seguidores para reprimir a las organizaciones rurales. La tendencia a la confrontación se agudiza. En esas condiciones, la perspectiva de una convivencia democrática se reduce al mínimo. El conflicto es inmanente a la democracia, pero con reglas de juego más o menos establecidas. El problema es que, en las actuales circunstancias, esas reglas de juego están siendo alteradas.

La ceguera política del gobierno es alarmante, al punto que muy bien podría decirse que en estos momentos el principal rival del oficialismo es el propio oficialismo. La torpeza con la que se maneja es increíble. El poder se está reduciendo al círculo áulico de la pareja gobernante y allí no hay lugar ni para la disensión ni para la duda. Los Kirchner y sus colaboradores setentistas más próximos están convencidos de que están librando una lucha feroz contra la oligarquía y el imperialismo. El Quijote de la Mancha peleando contra molinos de vientos era mucho más realista.

El primer deber de un gobierno en una sociedad moderna es asegurar el consenso. Ninguna ley, por justa que sea, puede aprobarse con la mitad de la sociedad en contra. El actual panorama político del país sugiere que los Kirchner han olvidado este precepto básico de la gobernabilidad. El presente está cargado de dificultades, pero lo grave es que hacia el futuro el horizonte es intranquilizador. Los operadores del gobierno nacional, empezando por sus dirigentes máximos, parecieran más interesados en atizar el fuego que en apagarlo. Sus reiteradas declaraciones públicas, así parecen atestiguarlo.

Empecinado en torcerle el brazo al campo, el gobierno nacional ha perdido de vista que, a esta altura de los acontecimientos, los problemas que lo asechan son mucho más amplios y ponen en discusión un modo de acumulación política. Las manifestaciones de intendentes y legisladores, los comportamientos de referentes del oficialismo que comienzan a manifestar su solidaridad con la protesta rural, demuestran que el conflicto se ha politizado en el sentido más amplio del término.

La reivindicación del campo sigue siendo central, pero hoy el conflicto ha trascendido la demanda gremial. La discusión sobre las retenciones ha instalado en un primer plano el tema de la coparticipación federal. Las políticas distributivas, que reivindica el oficialismo como objetivo deseable, han sido retomadas por la sociedad que exige, en primer lugar, que se comience por redistribuir democráticamente las cuotas del poder.

Esto significa un Congreso que funcione y gobernadores que ejerzan a pleno sus roles institucionales. En definitiva, de lo que se trata es de hacer realidad el principio federalista, que concibe a la distribución del poder territorial como expreso reconocimiento de la historia, factor clave de equilibrio interno y requisito para el funcionamiento efectivo del Estado democrático.